Venezuela se enfrenta a un nuevo desafío electoral bajo circunstancias que podrían ser descritas como menos que ideales. Las eleccion presidencial prevista para el 28 de julio se llevarán a cabo en un contexto de facto, desprovisto de garantías institucionales y electorales, y en la ausencia palpable de un Estado democrático y constitucional de derecho. Este escenario plantea serias dudas no solo sobre la legitimidad del proceso electoral, sino también sobre el futuro de la democracia venezolana.
A pesar de estas condiciones adversas, es notable y digno de elogio la resistencia del pueblo venezolano. Hay una participación activa y masiva de los ciudadanos, quienes, a pesar de los obstáculos, se movilizan para hacer valer su derecho al voto y reclamar las libertades que han sido confiscadas durante el prolongado régimen de Nicolás Maduro. Esta manifestación de la soberanía popular es un recordatorio poderoso de que la voluntad de un pueblo no puede ser fácilmente suprimida.
En el plano internacional, las preocupaciones no han pasado desapercibidas. Líderes del G7 han expresado su inquietud por el incumplimiento por parte de la dictadura venezolana de los Acuerdos de Barbados, especialmente en lo que respecta a los derechos de la oposición y la exclusión notable de una misión de observación electoral de la Unión Europea. Estos actos no solo violan las normas democráticas básicas, sino que también aíslan aún más a Venezuela en la esfera global.
Además, la exclusión de candidatos clave de la oposición, como María Corina Machado, pone en duda la integridad del proceso electoral. Este tipo de tácticas son indicativas de un régimen que teme la competencia y busca retener el poder a cualquier costo, incluso al costo de la legitimidad democrática.
También se reporta una represión considerable y la pérdida de libertad de aquellos asociados con la campaña de la oposición, y una exclusión alarmante del derecho al voto de los casi 8 millones de venezolanos que han migrado. Estas acciones son contrarias a cualquier pretensión de un proceso electoral libre y justo.
Es imperativo que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante estos acontecimientos. El desconocimiento de la voluntad democrática mayoritaria en Venezuela no solo representa un atentado grave a los principios democráticos fundamentales, sino que también obliga a las naciones americanas y europeas a adoptar medidas de salvaguarda necesarias. Este es un llamado a la acción para condenar cualquier violación del proceso democrático y estar atentos y vigilantes del desarrollo del proceso electoral.
En resumen, las elecciones venezolanas de julio no son solo un reflejo de la lucha por el poder político, sino un testamento a la lucha continua por la democracia y la libertad en una nación que ha soportado años de turbulencia política y económica. El mundo está observando, y es crucial que la solidaridad internacional se manifieste en apoyo a la democracia venezolana.
30 сен 2024
