En la ciudad de Buenaventura en el Pacífico colombiano, en el bajamar, viven más de 25 mil afrodescendientes que han buscado en el mar la fuente de sobrevivencia y de alimentación. Desde hace más de 60 años, muchas familias construyeron aquí sus viviendas. Fueron rellenando con basuras y cascajo, y poco a poco trazaron nuevas calles, ampliando el lugar.
Hoy, el Estado colombiano, que les ha decretado desde siempre la muerte por inanición, pretende reubicarlos mediante la propuesta del macroproyecto de vivienda San Antonio , que está en ejecución.
¿Reubicación o desalojo? Lo cierto es que las comunidades no han sido consultadas previamente como lo exige el convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991 y la ley 70 de 1993, de lo que se infiere que las obras están siendo ejecutadas de manera ilegal. Pero hay mucho en juego del capital trasnacional y estatal, que va a usar, como hasta ahora lo ha hecho, la ilegalidad para imponer su ley.
26 апр 2010