A EN MÉXICO.
Rubén Albarrán, vocalista de Cafe Tacvba y activista ambiental anuncia actividades en pro de la presentación de la propuesta de "Ley General de Aguas", que ha sido formulada por ciudadanos en los estados peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en semanas pasadas.
La propuesta ciudadana establece una agenda nacional, con metas a lograr en 15 años y será presentada ante la Cámara de Diputados y posteriormente mediante una batucada se continuará la entrega ante el Senado de la República:
*Agua para ecosistemas vitales
*Agua de Calidad y saneamiento para tod@s.
*Agua para soberanía alimentaria.
*Fin de la contaminación de cuerpos de agua.
*Fin de la sobre explotación y destrucción de aguas subterráneas y cuencas.
*Fin a riesgos y desastres por mala gestión socio hídrico ambiental de las cuencas.
Esto plantea la iniciativa de ciudadanos, académicos y especialistas de diversas disciplinas:
La Iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas responsabiliza y fortalece el potencial de comunidades y ciudadanos. Fija obligaciones para funcionarios con consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento, y establece mecanismos eficaces para cancelar proyectos dañinos que han resultado de autorizaciones o
concesiones irregulares.
Consiste esencialmente en reglamentar el derecho humano al agua y saneamiento. Para ello lo pone al centro de la nueva Ley General de Aguas que el congreso solicitó se emitiera para reglamentar éste derecho. En ese
sentido, si se entiende que los derechos deben de garantizarse para la presente y futuras generaciones, entonces el Estado solo podrá garantizar agua de calidad para consumo humano si y solo si, protege los ecosistemas y ciclos que la generan así como asegurar el fin de la contaminación de los cuerpos de agua.
Es por ello que se plantea:
1. Planeación y gestión ciudadanizada por Cuenca a través de un Plan Rector , instrumento
vinculante que orientaría a los planes y programas (de ordenamiento ecológico; de desarrollo urbano, forestal, agrícola y ganadero; y de áreas naturales protegidas) en cada cuenca, para garantizar el cumplimiento con el derecho humano al agua y saneamiento en torno a la Agenda Nacional. Cada Consejo Ciudadanizado de Cuenca se construirá desde la micro-cuenca hasta la cuenca y tendrá la obligación de garantizar que primero se cumpla el acceso al agua de calidad para la vida (consumo humano, ecosistemas y agricultura de subsistencia) y posteriormente el agua para usos no prioritarios (agroindustria y otros usos industriales, energéticos y recreativos).
2. Un Fondo Nacional por el derecho humano al agua y saneamiento, auditable, para el
financiamiento directo a comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados del agua y saneamiento en zonas sin acceso. El Fondo serviría para lograr acción inmediata para superar prácticas discriminatorias y lograr el acceso equitativo al agua de calidad y un sanitario digno, sin disminuir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno al respecto. Se formaría con recursos federales, estatales, municipales y mediante el
cobro de un porcentaje de las utilidades percibidas por concesionarios de aguas nacionales (usos no prioritarios). El cobro de utilidades se aplicaría también a concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento concesionados bajo la Ley de Aguas Nacionales.
3. Una Estrategia Nacional que será elaborada por el Consejo Nacional de Cuencas, y orientada por los Planes Rectores de Cuenca localmente consensados. Definiría las políticas requeridas para que los proyectos de desarrollo urbano, vial, industrial, turístico, de energía y minería respeten los límites y las funciones vitales de las cuencas y los flujos subterráneos. Fortalecería la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Nacional de Protección Civil, al definir las políticas y los programas de restauración de cuencas y ecosistemas requeridos para reducir riesgos y desastres. Sus lineamientos serían vinculantes para todas las autoridades y programas de los tres órdenes de gobierno. La Contraloría Social del Agua vigilaría su cumplimiento.
4. Contraloría Social de Agua
La Contraloría Social del Agua (CSA) es un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua. Tendría autonomía presupuestaria (financiada con el 10% del cobro de derechos a aguas
nacionales) y de decisión, así como capacidad vinculante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección de Contralores Ciudadan@s (posición honorífica, sin conflicto de interés) por cuenca y a nivel nacional. L@s representantes de las CSA serían observadores en reuniones oficiales de toma
de decisiones relevantes al derecho humano al agua y al buen manejo de cuencas. Vigilarían la cons
15 сен 2024
