Hace casi diez años, un grupo de personas denunció al Estado porque no veló por la salud de la población de La Oroya, contaminada por décadas debido a las emisiones del complejo metalúrgico. Los afectados ganaron en los tribunales y el Estado tenía que atender los problemas de salud e implementar otras medidas para protegerlos, pero no cumplió. Hasta hoy esperan por justicia.
8 сен 2024