El Real Decreto-ley 8/2020, promulgado el 17 de marzo, estableció la Línea de Avales del Estado por un monto de hasta 100.000 millones de euros. Su objetivo era contribuir al mantenimiento del empleo y mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Estos avales tenían como finalidad garantizar la financiación otorgada por las entidades de crédito, permitiendo así el acceso a recursos económicos y la liquidez para empresas y autónomos en un contexto marcado por la pandemia del Covid-19.
La implementación de la Línea de Avales del Estado se llevó a cabo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dando lugar a los llamados préstamos ICO Covid-19, concedidos por diversas entidades financieras. Según la información proporcionada a los clientes, estos préstamos estaban respaldados por el ICO en un 80% del capital principal para autónomos y pymes, y en un 70% para otros tipos de sociedades, con un límite del 60% en caso de renovación de préstamos previamente concedidos.
Sin embargo, a pesar de que el ICO avalaba hasta el 80% del préstamo para pymes y autónomos, las entidades de crédito también exigieron avales personales como requisito inexcusable para acceder al préstamo. Estos avales fueron prestados en el convencimiento de que solo se ejecutaría en caso de impago por el importe no avalado por el ICO, es decir, el 20% restante.
Se ha abierto una vía legal mediante la cual los avalistas podrían liberarse total o parcialmente de los avales otorgados para los préstamos ICO. El equipo de Basilea Abogados, especialista en derecho bancario desde hace más de 15 años, podrá asesorarle y defenderle ante su entidad financiera, tanto en los procedimientos de ejecución que esta haya iniciado frente a usted como en los procesos de nulidad de los avales prestados por los fiadores solidarios.
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7 сен 2024
