El 11 de junio de 1973, con Héctor Cámpora en el gobierno, se produjo en Olmos un motín con doce guardias tomados de rehenes. Capitanio tenía el ingreso vedado pero decidió ir. La nueva situación política no era compatible con la represión brutal, pero los funcionarios no sabían cómo desactivar la rebelión. “Los presos tienen razón, no están amotinados contra nadie: están decididos a no seguir siendo víctimas de un sistema inhumano, ilegal e inmoral”, le dijo Capitanio al recién asumido ministro de Gobierno, quien sólo atinó a proponer una inviable y no inmediata reunión con los presos.
Rubén logró ingresar al área controlada por los internos. “Él sí puede pasar”, dijeron. En una especie de asamblea efectuada en la terraza, los amotinados aceptaron su sugerencia de redactar un petitorio con sus reclamos. Y accedieron también al gesto extremo que les solicitó Capitanio: “Si queremos que nos traten como seres humanos, demostremos que lo somos: les pido que me entreguen a los rehenes, porque no son ellos los responsables de todo lo que se sufre acá adentro”. Lo que no aceptaron fue que se negara a ser su representante en las negociaciones, y entonces el “Padre Rubén” se convirtió en vocero, aunque consiguió que lo acompañaran dos detenidos para atestiguar que era fiel al mandato de la “asamblea”. A las dos de la madrugada, con los testigos y los rehenes, llegó al sector donde aguardaban las autoridades y entregó el petitorio con reclamos claros e innegociables -todas cosas contempladas ya por la ley- y solicitudes de renuncias de altos jefes del Servicio Penitenciario; algunos eran los que estaban recibiendo ese pliego de demandas.
El gobernador Oscar Bidegain aceptó la totalidad de los pedidos, incluida la designación de Capitanio como interventor de Olmos, la última exigencia de los internos para levantar el motín.
“Jamás olvidaré esta cifra: 3.756 -dice Rubén-. Porque ése era el número de personas que dependían de mí, no sólo por la responsabilidad de que no se fugaran, sino por la verdadera misión de que, aun detenidos, comenzaran a vivir con un poco más de dignidad como personas”.
Como interventor, comprobó que gran parte del presupuesto se perdía en los meandros de la corrupción y presentó denuncias formales contra dos coroneles del Ejército que habían encabezado el Servicio Penitenciario en los cinco años previos y contra otros altos jefes carcelarios. Como su tarea era transitoria, destinada sobre todo a desactivar el riesgo de mayor violencia, a los 46 días pidió su relevo. Luego quiso retomar su tarea pastoral en la cárcel, pero le asignaron una labor meramente burocrática, sin contacto con los detenidos, en la Capellanía General del Servicio Penitenciario.
11 сен 2024
