MenstruAcción 

#MENSTRUACCIÓN COMO UN DERECHO
La menstruación es un hecho que acontece en la vida de la mitad de la población y, sin embargo, es tabú. El estigma alrededor de la menstruación también tiene consecuencias en la producción de conocimiento y la circulación de información. Las campañas de salud a nivel oficial no proveen ni recaban datos sobre las consecuencias de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso de toallitas y tampones, tampoco se mide el impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de estos productos o se elaboran estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual.
Además, la gestión menstrual presenta necesidades particulares: acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual, lugar para eliminación de los desechos y especialmente conocimiento y visibilización de la temática. Muchas personas carecen de los saberes, apoyo y recursos para manejar la menstruación.
La realización de investigación y la socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas respecto a la gestión menstrual es un eje central de la campaña, que ha puesto el foco sobre el vacío de información al respecto como muestra de la estigmatización de los cuerpos menstruales.
En Argentina, la brecha salarial promedio es del 27%, pero más del 36% de las asalariadas están en situación de informalidad donde la brecha asciende al 37%. A su vez, la mitad de las mujeres en nuestro país gana menos de $6.300 mensualmente (315 dólares estadounidenses) y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2018 mediante la compra de toallitas y tampones es de entre 1000 y 2200 pesos argentinos (entre 50 y 109 dólares estadounidenses). Este gasto no es optativo ya que es nuestro deber social gestionar la menstruación y el mismo impacta sobre ingresos que son de por sí menores. Por eso, el primer reclamo de la campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para las personas que menstrúan. Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría de las personas pobres son mujeres (7 de cada 10 en la Argentina), no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Las personas en edad escolar que no pueden acceder a productos que les garanticen no mancharse en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Estas personas también son propensas a incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad. El segundo reclamo busca reparar esta situación exigiendo la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios.
Hasta el momento, se han presentado 11 proyectos de ley de alcance nacional y local que buscan que estos reclamos se conviertan efectivamente en políticas públicas.